desde los comienzos de la pandemia los equipos del cidac buscaron redireccionar sus acciones en esta coyuntura. El equipo de economía popular, por su relación con las organizaciones que están en el centro de las redefiniciones de las acciones de cuidado, fue uno de los primeros en hacer y en escribir.

Juliana Aloi

Equipo de Economía Popular, Trabajo y Territorio,

La pandemia del COVID-19 que impacta al mundo nos encuentra hoy en un momento de aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el decreto de necesidad y urgencia 297/2020 dictado el 19 de marzo del corriente año. Esto lleva necesariamente a una gran cantidad de cambios en el día a día de nuestras vidas. Algunos servicios esenciales siguen funcionando, como obviamente la salud, la producción de alimentos, la industria farmacéutica, entre otros. Las clases de todos los niveles educativos se encuentran suspendidas de manera presencial así como también muchos otros empleos. Una gran parte de estos trabajos siguen su curso –como pueden– a partir de las modalidades de trabajo remoto o teletrabajo. Quienes trabajan en blanco y tienen garantizados sus derechos laborales seguirán cobrando sus sueldos por el tiempo que dure este confinamiento social. Ahora bien, la pregunta y la situación que más nos preocupa es qué ocurre con el amplio sector de trabajadorxs que trabajan al día: aquellxs que podemos identificar como lxs trabajadorxs de la Economía Popular.

Lxs trabajadorxs de la Economía popular

Este sector se caracteriza por contener a una gran multiplicidad de ramas de trabajo, donde la heterogeneidad es una característica principal. Esta diversidad la vemos en el conjunto de trabajadorxs, donde podemos encontrar a quienes trabajan en las calles vendiendo o cartoneando; a aquellxs que se encuentran en unidades productivas ancladas en un espacio físico como algunos merenderos y comedores; a una gran cantidad de personas que se encargan del cuidado de adultxs mayores; a quienes trabajan la tierra; entre muchas otras formas de empleo. Algunxs se encontrarán quizás organizadxs en cooperativas, otrxs en cuadrillas, y así entre una gran diversidad también de formas de implementación de esos trabajos. Dentro de esta heterogeneidad existen obviamente características compartidas: la invención de las propias fuentes laborales para poder subsistir; la organización colectiva que refuerza la identidad laboral –en muchos casos– en consonancia con una lucha constante por el reconocimiento de lxs derechos laborales que no poseen. Dentro de esas características compartidas podemos distinguir también el trabajo del día como fuente indispensable para nada más ni nada menos que asegurar la comida en la mesa. Estas formas de empleo que quedan por fuera de las modalidades formales con sus respectivos derechos laborales se encuentran atravesando momentos muy difíciles en contextos como el actual, donde la crisis sanitaria y la medida preventiva y necesaria de la cuarentena obligatoria deja en una situación de extrema vulnerabilidad a gran parte de la población. Es en estos momentos donde las garantías y derechos laborales salen a proteger a lxs trabajadorxs, dando la seguridad de algo tan fundamental como la continuidad en el cobro del salario correspondiente, aún cuando el trabajo sea o no el habitual. La pregunta acá es entonces ¿quién protege a todo ese sector del mundo del trabajo que no goza de esos derechos laborales que debería? ¿quién cuida a esa población?

La incorporación de cifras precisas sobre el sector de la Economía Popular, siempre presenta una serie de dificultades a la hora de escribir. En el año 2016 con la Ley de Emergencia Social que implementó el Salario Social Complementario, se pretendía también realizar un relevamiento de trabajadorxs de la Economía Popular. Ese relevamiento no pudo completarse del todo, aunque el cobro del Salario Social Complementario y las bases de información en relación a ello implicó en cierto punto un proceso de sistematización de trabajadorxs y sus lugares de trabajo, lo que se conoce como unidades productivas. En las estadísticas nacionales es mucho más fácil encontrar cifras concretas de la cantidad de empleo registrado. Pero, esta heterogeneidad y masividad del trabajo en la Economía Popular también lidia con la dificultad de la mensuración. Esta crisis sanitaria llega con una emergencia alimentaria vigente, donde en el 2019 según el Observatorio de la Deuda Social (ODS) el 40,8% de las personas se encontraban por debajo de la línea de pobreza. En uno de sus últimos informes, el ODS da cuenta de cómo la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales impactan en mayor medida en aquellos sectores más empobrecidos. La pobreza por ingresos es más elevada en las unidades domésticas cuyo principal sostén pertenece a fuentes laborales no formales, alcanzando en dicho grupo al 56,8% de los hogares y al 66,4% de la población.

Es posible ver como el Estado busca a partir de distintas líneas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lanzado por la ANSES, contener de alguna forma la situación aminorando el impacto en algunos sectores de la sociedad. Esta política implicará un ingreso extraordinario de 10 mil pesos a quienes cumplan los requisitos correspondientes, como ser trabajadorxs informales, monotributistas de las categorías más bajas, empleadas domésticas, entre otros. Pero, junto a la voluntad política del gobierno de turno están los que –en mi opinión– son los verdaderos cuidadores de este enorme sector de la población: las organizaciones sociales. Las medidas estatales son completamente necesarias, pero me animo a afirmar que es necesaria también una coordinación junto a las diversas organizaciones con presencia territorial políticas para poder lograr un verdadero alcance.

Hace muy poco tiempo escribí y reflexioné sobre el lugar que ocupan en las cotidianidades territoriales los espacios como los merenderos y los comedores. Cuando escribí aquello los posicioné en un contexto de crisis económica y social de la mano de un recrudecimiento de medidas neoliberales llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri. Al pensar en estos espacios socio comunitarios, retomo aquel trabajo para decir que la actividad concreta con la que son creados estos espacios es para atender la necesidad alimentaria de un amplio sector de la población que se encuentra en una estado de alta vulnerabilidad social. Pero al mismo tiempo se posicionan como un lugar de referencia territorial en los distintos barrios donde se encuentran. Generando vínculos constantemente con otros actores y gestionando distintas estrategias de contención para abordar las demandas. Estos espacios, en definitiva, garantizan la sostenibilidad de la vida de una gran cantidad de personas que habitan en los barrios populares y más vulnerados de la Ciudad. Esas vidas se encuentran hoy aún más amenazadas, como supo decir el presidente Alberto Fernández, el enemigo que amenaza a todas las vidas es invisible. Pero hay muchos otros enemigos que son muy visibles, que amenazan desde antes y hoy se encuentran frente a este contexto agudizando sus ataques, como el hambre y la violencia de género. El virus del COVID-19 amenaza a todxs, sí. Pero no todxs tienen las mismas condiciones para pelear. Estos espacios sociocomunitarios se posicionan como una especie de termómetros de las realidades territoriales, no solo son espacios de suma importancia porque otorgan alguna de las comidas del día a muchas personas que necesitan de ella para poder sobrevivir, sino que también son un espacio de contención comunitaria donde se resiste a muchas otras cuestiones, como el consumo problemático o la violencia de género. Entender a estos espacios como meros productores de alimentos es una mirada incompleta. Pero ahora bien, si una de las principales estrategias para combatir a este enemigo que crece a pasos agigantados y que no conoce de fronteras, es el aislamiento preventivo obligatorio... ¿Qué pasa con las personas que necesitan para sobrevivir acudir a estos espacios comunitarios? ¿Lo comunitario puede “suspenderse”? Claro que no, y esto más que una opinión, es una realidad observable en datos, estadísticas y en las calles.

Quienes salen entonces a garantizar y a encarar la alimentación de muchísimas personas son lxs trabajadores de la Economía Popular, las juventudes militantes, los feminismos populares. Así como decimos que estxs trabajadores crean o crearon sus propias fuentes de trabajo, podemos decir también que constantemente frente a las situaciones de crisis con una firme organización comunitaria, política y territorial salen a inventar estrategias de contención frente a la emergencia. Esas estrategias sin dudas son mucho más eficaces y abarcativas si hay un estado que acompaña. ¿Podrían las organizaciones sociales con llegada territorial hacerse cargo solas de la situación? Probablemente sí, vimos como a lo largo de la historia –y sin ir más lejos estos últimos cuatro años– la militancia popular estuvo enfrentando día a día una limitada ausencia estatal en cuanto a un escaso o nulo financiamiento a estas unidades productivas y a la falta de respuestas y soluciones en un marco de recrudecimiento de políticas de ajuste. Sin embargo, más allá de la evidente capacidad de agencia de las organizaciones populares, es necesario un estado que apoye y acompañe. En este sentido es importante destacar las demandas que vienen llevando adelante distintos espacios sociocomunitarios nucleados en organizaciones como la UTEP al gobierno porteño exigiendo un plan que tenga en cuenta la realidad de los barrios populares de la Ciudad y sus habitantes para lograr así asegurar de la mejor manera posible el aislamiento y el cuidado.

Vemos entonces la importancia que hay en un trabajo en conjunto entre los diferentes actores y un reconocimiento de experiencias generadas de y desde los territorios. En esa línea podemos ver como lxs trabajadores de merenderos y comedores se organizan para seguir garantizando lo que igualmente garantizaban dos semanas atrás con nuevas formas. Se intensifican las medidas de prevención, se organizan operativos de entrega de viandas de manera ordenada y se trata de evitar en la medida de lo posible las conglomeraciones de gente. ¿Es lo mismo realizar la cuarentena en un departamento en Caballito que en una casa del barrio Padre Ricciardelli del Bajo Flores? Claro que no, en los barrios populares lo comunitario garantiza en parte esa sostenibilidad de la vida que venimos discutiendo. Vemos esta perspectiva en las consignas lanzadas por la UTEP como “quedate en tu barrio”. Estás prácticas comunitarias no surgen ahora. Lo colectivo, el nadie se salva solo no es nuevo.

Quedate en tu casa, quedate en tu barrio

Esta lógica de comunidad también es retomada en algunas acciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como el programa “El barrio cuida al barrio” lanzada por la Dirección de Cuidados Integrales en sintonía con un conjunto con experiencias de promotorxs comunitarios ya existentes en los barrios. Es visible aquí la lucha de las organizaciones sociales en cuanto al reconocimiento de las tareas de cuidado, hoy son puestas en valor por un programa estatal. No es casual tampoco la dirección que esta cargo del programa, encabezada por Carolina Brandariz, mujer, socióloga, docente, sindicalista e integrante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita.

Reflexionaba también hace un tiempo en relación a los comedores y merenderos sobre el aumento desmedido de la demanda frente a situaciones de crisis. Hoy, estos espacios comunitarios nuevamente (y sin mucha tregua) salen a enfrentar una nueva crisis, donde la demanda aumenta en relación a la falta de ese empleo en la calle, en el día a día, en la economía popular. Se pone en valor nuevamente el cuidado, este cuidado comunitario que llevan adelante y sostienen lxs miles de trabajadorxs de la Economía Popular y ,en gran medida, compañeras mujeres.

Universidad territorializada

Estas reflexiones surgen a partir de un interés propio y colectivo. Desde el año pasado me encuentro siguiendo con mayor profundidad diversos procesos socio comunitarios de la Economía Popular. Principalmente en relación a la CTEP (hoy UTEP) y las experiencias en relación a comedores y merenderos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi interés surge a partir de un conjunto de trabajo colectivo llevado adelante junto a compañerxs de equipos de extensión e investigación. Los primeros acercamientos que tuve a distintas experiencias territoriales de la Economía Popular ocurrieron a partir del año 2016 cuando empecé a participar en el equipo de extensión antes mencionado (Economía Popular, Trabajo y Territorio) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En ese entonces nos habíamos propuesto en el marco de un UBAnex relevar espacios productivos de la Economía Popular en la Comuna 4. A medida que eso ocurría y transitando diversas experiencias formativas como seminarios, congresos, reuniones, trabajo en territorio, fuimos complejizando cada vez más las concepciones elaboradas en torno a la Economía Popular.

Los tiempos que corren reavivan preguntas que siempre están presentes. ¿Qué hacemos frente a esto lxs universitarios? ¿Qué hacemos con el no poder hacer trabajo de campo? Para nada tengo las respuestas a estas preguntas, si tengo algunas certezas: seguimos pensando, reflexionando y atentxs al acompañamiento que podamos hacer con las organizaciones sociales. Quizás estamos limitados para acercarnos al territorio y es momento de focalizar en las redes ya construidas y fortalecerlas. Buscar formas de acompañar desde nuestro lugar. Así como la organización comunitaria es preexistente a la crisis sanitaria, también lo es este debate que intento plantear. Hay múltiples experiencias que nos invitan a repensar continuamente la posición de la universidad frente al accionar social. Una de estas, la cual en parte me formó y me contiene es la del Centro de Innovación para el Desarrollo y la Acción Comunitaria, donde existe un posicionamiento claro y definido que denota un compromiso social y político con los sectores populares. Retomo en este punto a Petz y Cervera Novo (2018) con la idea de territorializar la universidad, donde el CIDAC y el trabajo llevado adelante por sus equipos son un claro ejemplo de esto. Es entonces que buscamos pensar a la universidad como un territorio que es definido por una amplia gama de actores y con incidencia en múltiples espacios. Territorializar la universidad implica pensar(nos) como interventores de un montón de otros procesos y en relación a otros sujetos que quizás en una mirada tradicional no son tenidos en cuenta. Con esto me refiero a por ejemplo organizaciones sociales ¿podemos pensar a la universidad como parte de un territorio no exclusivo de lxs universitarixs? En estas palabras de Petz, queda reflejado la idea que intento plasmar: “pensar la universidad en relación con, es pensar a la universidad como actor social interviniente, como parte del territorio constituido y entrelazado por diferentes actores” (Petz, 2015:1). Creo también que territorializar la universidad no es sólo pensarla como integrante de distintos entramados territoriales y procesos. Es pensar a las intervenciones, el accionar universitario, y producciones académicas como parte de esos procesos, considerar a la universidad como un territorio que convive y construye junto a otros. ¿Cómo construimos ciencia? a partir de nuestros intereses pero también en relación a otrxs, en relación a una demanda. Posicionarnos desde aquí creo que nos permite avanzar en la posibilidad de elaborar un conocimiento colectivo. Sin embargo esto no quiere decir que todos estemos posicionados desde un mismo lugar. Es importante tener en claro y asumir los privilegios que poseemos por ser universitarios, y desde ahí construir. Con esto me refiero a lograr buscar formas de aprovechar ese rol en las distintas situaciones: como interventores entre distintas organizaciones sociales, entre organizaciones y el Estado, etcétera.

En parte es por esto que creo importante buscar y mantener las líneas de diálogo y contacto abiertas, a partir de las redes construidas. El territorio y la territorialización son ejes fundamentales en nuestros posicionamientos políticos y epistemológicos, la situación actual nos invita en parte a seguir pensando para avanzar desde allí. La vida social en su totalidad hoy se encuentra condicionada por esta pandemia. Donde la economía popular y sus múltiples actores tienen un rol fundamental, por lo tanto es pertinente estar presentes a los procesos que surjan. No es posible hacer un parate de la vida académica en este sentido. Lograr una universidad despierta y en sintonía con las demandas sociales también es una tarea colectiva.